Una Nueva Etapa Peligrosa del Saqueo Colonial de Puerto Rico

Por: Héctor Reyes

“A New Dangerous Stage of the Colonial Plunder of Puerto Rico”, escrito por Héctor Reyes,  egresado del RUM y profesor solidario con PROTESTAmos. A continuación nuestra traducción al español de la columna, originalmente publicada en inglés en leftvoice.org. Agradecemos la autorización de Left Voice a incluirla en nuestra serie “Lecturas Solidarias” .

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Puerto Rico enfrenta hoy su crisis más severa desde que fue capturado militarmente y convertido en una colonia de los EE.UU. en 1898. El archipiélago puertorriqueño ha experimentado una recesión económica por más de una década, la cual ha obligado a más de medio millón de personas a emigrar. El proyecto colonial orquestado por los EE.UU. desde la década de 1950, y consolidado por los estragos neoliberales de los últimos 30 años, llega a su fin.

Una Nueva Etapa Peligrosa del Saqueo Colonial de Puerto Rico por el Imperialismo de EE.UU.

Puerto Rico ha sido una colonia de EE.UU. desde 1898. Podría decirse que los dos momentos más detrimentales para el pueblo de Puerto Rico bajo la bota de EE.UU. habían sido: (1) el momento de la invasión de la Isla en 1898 cuando los EE.UU. puso a PR bajo un régimen militar por los siguientes tres años, causando problemas profundos de índole económico, social y político y gran incertidumbre; y (2) la década de 1930, cuando la Isla, entonces el territorio más pobre del archipiélago del Caribe (más pobre que Haití), fue devastada por la Gran Depresión, no sólo a causa de la depresión misma, sino porque la economía de la isla había sido extremadamente descuidada y manipulada para convertirse en una enorme plantación de caña de azúcar para los intereses estadounidenses.

Sin embargo, aunque las dos crisis descritas anteriormente fueron sumamente graves, la crisis que Puerto Rico enfrenta actualmente rememora referencias a una época muy anterior, cuando Cristóbal Colón trajo a sus hordas de colonos al final del siglo 15. El resultado neto fue que los habitantes nativos de Puerto Rico, los Taínos, fueron despojados de sus tierras y aniquilados como pueblo.

La respuesta de la clase dominante de EE.UU. a la crisis económica actual en Puerto Rico acarrea el potencial de generar, a la larga, un tipo de devastación similar para el pueblo de Puerto Rico, que se desarrolló como nación a lo largo de los 400 años de colonialismo español. Los ataques combinados de las políticas neoliberales y el agotamiento del proyecto colonial renovado por los EE.UU. en la década de 1950 han seguido su curso; la Isla se está ahogando bajo el peso de una deuda relativamente astronómica que no puede pagar. Se deben $73 mil millones en bonos, sobre todo a inversionistas de EE.UU., y unos $50 mil millones adicionales en pasivos por pensiones sin reservas. Más de la mitad de los $73 mil millones no es deuda de principal, sino interés capitalizado.

Los usureros recogen su dinero

El 3 de mayo de 2017, en lo que sin duda fue un esfuerzo coordinado con la infame Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno declaró quiebra bajo el Título 3 de la Ley PROMESA. PROMESA (una broma cruel ya que en español significa promesa) es una ley promulgada el año pasado como un esfuerzo conjunto entre el Congreso republicano y la administración Obama. La ley ordenó la formación de una Junta de Supervisión Financiera (conocido por los puertorriqueños como “la Junta”) [1] con poderes absolutos sobre todos los aspectos de la gobernanza en la Isla. Es una burla a los reclamos de que Puerto Rico no es una colonia, porque la Junta puede anular cualquier acción legal, reglamentaria y de gobierno, en la medida en que se puede procesar y encarcelar a cualquier funcionario de gobierno que se niegue a seguir sus órdenes.

La Junta se compone de siete individuos, designados conjuntamente entre Obama y los republicanos en el Congreso de EE.UU., que han demostrado estar directamente relacionados con las instituciones financieras que emitieron la deuda a través de Wall Street (por ejemplo, el Banco Santander y el Banco Popular ) o a los que solicitaron la deuda como oficiales del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Ellos se complementan con un grupo de estafadores y alcahuetes de Wall Street: uno que ha presionado durante años a favor de la privatización del sistema de seguridad social de EE.UU.; otra, una experta en recortar la financiación de la educación pública en California. Ellos son los gobernantes no electos de Puerto Rico y convierten al gobernador, la legislatura, y los alcaldes (todos recientemente electos) en sus empleados. Reducen, de este modo, la democracia puertorriqueña que existía bajo el colonialismo en una farsa descarada.

No satisfechos con el conflicto de intereses evidente personificado por la Junta, a finales de marzo se nombró como su directora ejecutiva a la ex ministra de Finanzas de Ucrania, Natalie Jaresko – quien está recibiendo un salario base de $625,000 por año durante cuatro años, además de un chofer personal, viajes mensuales entre Kiev y San Juan, y otros beneficios marginales normalmente otorgados a los asesinos financieros. Yves Smith, escritor para Naked Capitalism (un portal dedicado a la exposición del amiguismo financiero en los EE.UU.) ha descrito a Jaresko como una operadora política de EE.UU. en el gobierno de Ucrania: “La nueva ministra de Finanzas de Ucrania, Natalie Jaresko, puede haber sustituido su ciudadanía estadounidense con la de Ucrania al comienzo de esta semana, pero su patrón continuó siendo el gobierno de EE.UU., mucho después de que ella alega que dejó el Departamento de Estado. Documentos de la Corte de EE.UU. y otros registros revelan que Jaresko ha sido la co-propietaria de una empresa de gestión y de fondos de inversión Ucranianos registrados en el estado de Delaware, del cual dependen su salario y los fondos de inversión en una dadiva de $150 millones de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. [énfasis del autor]. Los registros de los EE.UU. revelan que según el ex esposo de Jaresko, ella es culpable de mala conducta financiera.

Poco después de que el gobierno de Puerto Rico se declaró en quiebra, el Presidente del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de EE.UU., John Roberts, nombró a la juez de distrito de EE.UU. (Federal), Taylor Swain, para supervisar los procedimientos de quiebra. La quiebra por el Título 3 es una invención del Congreso de EE.UU. que no aplica en ningún otro lugar fuera de Puerto Rico, en virtud de la Ley PROMESA. El nombramiento de una juez Federal es una clara indicación de que el gobierno de EE.UU. no iba a permitir que un juez de quiebra de la corte municipal manejara su colección de deuda en Puerto Rico.

Como cualquier otro juez de quiebra, a la juez Swain se le permitirá tomar decisiones tales como la evisceración de las ya ínfimas pensiones del gobierno. La anualidad media de pensión gubernamental es de poco más de $1,000 mensuales, con cerca de 40,000 jubilados que reciben $500 por mes. La Junta ha propuesto un diez por ciento (10%) de recorte a las pensiones, mientras que la administración del gobernador Ricardo Roselló proyecta escalonar los recortes, aumentando gradualmente a 15%, y luego a 20%. El fondo de pensiones se quedará sin fondos en 2019, en gran parte porque el gobierno los ha usado como una alcancía, y para hacer pagos parciales de su deuda de bonos.

Aunque el procedimiento de quiebra proporcionará otra capa de legitimidad oficial, y por lo tanto protegerá el saqueo imperial llevado a cabo por la Junta, la verdad es que la juez Swain operará bajo un conjunto particular de reglas. Según informó USA Today recientemente: “El Capítulo 9 de PROMESA establece que el tribunal no puede ‘interferir con la propiedad o los ingresos’ de la isla sin el consentimiento de la Junta de Supervisión.” Sin darse cuenta, USA Today ha dado en el clavo porque la Junta es el árbitro final en este contexto colonial y la Ley PROMESA le permite poner cualquier activo de Puerto Rico en la fila del matadero.

Entre los puntos mas bajos de PROMESA está la libertad para bajar el salario mínimo de los puertorriqueños (20 a 24 años) a $4.25 por hora. Sin embargo, esto es sólo una de las muchas disposiciones que desangran al pueblo, pues el precio final que esta legislación pretende cobrar al puertorriqueño común es devastador. Desde el principio, la Junta dejó claro que su única misión en Puerto Rico NO era ayudar al país a recuperarse de su crisis económica por la pasada década, SINO garantizar la reorganización de las finanzas del gobierno con el fin de pagar la deuda. De acuerdo con una de sus propias proyecciones, el PIB de la Isla puede caer por la friolera de 16 por ciento en 2019.

La Junta ha preferido operar tras bastidores, haciendo que el nuevo gobernador y su partido impongan la mayor parte de los ataques económicos, con el fin de protegerse de la furia del pueblo. A principios de enero, justo después de asumir su cargo, el Gobernador Ricardo Roselló impuso una nueva ley laboral que: redujo los días de vacaciones en un 50 por ciento; redujo el pago de horas extras en un 25 por ciento; extendió el periodo de probatoria de nuevos empleados de 6 meses a entre 9 y 12 meses; e infligió otras lesiones a los trabajadores. La Junta exigió entonces que el presupuesto de todo el sistema universitario de Puerto Rico se redujera por $300 millones durante el transcurso de dos años, pero luego Roselló aumentó el recorte a $450 millones para el año 2021, anticipando recortes adicionales a ser demandados por la Junta en el futuro. Piense en las olas recurrentes de los recortes exigidos por la troika de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo en Grecia, en el transcurso de su propia crisis económica.

El presupuesto actual de la UPR es inferior a $900 millones; por lo tanto, el recorte global propuesto por el gobernador será de más del 50 por ciento del presupuesto del sistema, el cual ha sufrido recortes por $348 millones en los pasados tres años. Estudiantes, profesores, personal, y muchos sectores de la población creen que este será un golpe mortal para el sistema universitario. Con toda probabilidad, 8 de los 11 recintos van a desaparecer de una forma u otra. Además, la Junta de Gobierno de la UPR está proponiendo aumentar la matrícula a $120 por crédito. Dados los bajos ingresos (aproximadamente el 60 por ciento del promedio de salarios de EE.UU.) y la tasa de pobreza (aproximadamente el 50 por ciento de la población) este aumento del costo de matrícula obligará a miles de estudiantes a abandonar la educación superior.

En otro frente, el gobierno programó el cierre de otras 179 escuelas públicas. Añadido a los cierres de las dos pasadas administraciones, se habrán cerrado un total de 324 escuelas desde 2010. La lista de ataques graves y perjudiciales parece no tener fin, y aumenta cada semana.

Despojo

La Junta ha indicado que se propone compensar a los deudores con las ganancias de la venta de activos de Puerto Rico como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, etc. Ya una autopista, y el aeropuerto internacional de San Juan han sido privatizados para pagar la deuda. Siniestramente, la administración colonial anterior, en su desesperación para poner en marcha la economía, aprobó dos leyes en 2012 para atraer a los ricos y a las corporaciones a la Isla. Esas leyes permiten que operen prácticamente exentos a impuestos locales. Una de estas leyes, la ley de los millonarios, ha atraído a especuladores de bienes raíces ricos tales como el multimillonario John Paulson, quien ya ha comprado $1.6 mil millones en hoteles, edificios corporativos y complejos de villas a través de la Isla. Paulson predice que Puerto Rico se convertirá en el próximo Miami.

La Junta tiene la intención de convertirse en la chula de una apropiación masiva de tierras en las zonas costeras, alrededor de toda la Isla. Muchas de estas tierras están protegidas por el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, mientras que otras tienen potencial agrícola, y se han utilizado como tal en el pasado. La realidad del colonialismo es tal que Puerto Rico importa la mayor parte de sus alimentos, por lo que la alimentación es costosa. Sin embargo, recientemente, debido a la larga crisis, una nueva generación de puertorriqueños con estudios universitarios ha estado tratando de revitalizar la agricultura con métodos modernos. Esto será en vano si estas tierras agrícolas se venden a los especuladores para construir casas, complejos, propiedades Airbnb y casas elegantes para los anglosajones ricos.

Al mismo tiempo, el costo de vida se ha disparado, con aumentos recurrentes en los servicios públicos que han obligado a los clientes a pagar cientos de dólares por mes en las facturas de electricidad, y más de cien dólares al mes en las facturas de agua. Además del impuesto sobre los ingresos, hace unos años el gobierno impuso un impuesto sobre las ventas que se ha incrementado en los últimos años para llegar a más del 11 por ciento. En 1996, el presidente Bill Clinton, como parte de su cruzada neoliberal de globalización, comenzó una fase progresiva de diez años para eliminar la exención de impuestos para el capital estadounidense en la Isla (el llamado código 936 de la IRS). Durante la próxima década, las empresas huyeron, hasta que la Isla cayó en recesión en 2006. La pérdida de puestos de trabajo, el aumento de los impuestos, cuotas, tarifas de servicios públicos, etc. ha obligado a más de medio millón de puertorriqueños a emigrar a los EE.UU. –como parte de una población que ahora es apenas 3.4 millones. La tasa de ejecuciones hipotecarias en la Isla es la segunda más alta en los EE.UU., con una gran cantidad de propietarios literalmente entregando las llaves de sus casas a los bancos mientras se dirigen al aeropuerto.

A medida que los Isleños trasquilados y sin trabajo se fueron volando, los millonarios, y los anglosajones comunes (jubilados, cantineros, meseros, trabajadores de la construcción) han ido encontrando poco a poco su camino a Puerto Rico. En Rincón (en la costa oeste), ciudad-paraíso para los surfistas, la población anglo ha aumentado hasta tal punto que casi el 50 por ciento de las empresas ubicadas en el casco del pueblo son propiedad de los anglosajones, y en unos amplios segmentos frente a las playas de Rincón, casi todas las casas y edificios de apartamentos pequeños son propiedad de los anglosajones.

En un artículo que describe como la crisis económica y la emigración puertorriqueña han creado convulsiones de bienes raíces, CNN Money cubre con indiferencia la situación como si fuera una venta en Kmart: “Y es un mercado de compradores en este momento. Usted puede obtener una casa de 3 dormitorios cerca de la playa por menos de $100,000.” Luego describe cómo un inversionista rico de Connecticut ha comprado un edificio de apartamentos de 312 unidades, planea comprar dos más, e incluso trasladó a su propia familia de Greenwich a Puerto Rico.

Parece que se está fabricando una nueva Hawaii en Puerto Rico. En Hawaii, los colonizadores y los tiburones empresariales lograron tomar el control del gobierno soberano como parte de un proceso que comenzó durante el último cuarto del siglo 19 y que fue totalmente consumado durante la primera mitad del siglo 20. Con el tiempo, la población nativa se convirtió en una minoría pequeña, desposeída y marginada. Esta vez es el pueblo de Puerto Rico el que tiene que cavar sus trincheras y hacer una feroz batalla con el fin de evitar un destino similar.

La lucha contra los usureros

Todos estos ataques han tenido oposición. Los puertorriqueños tienen una larga y orgullosa tradición de lucha. Por ejemplo, cuando el modelo colonial entró en el umbral de la crisis actual, los trabajadores de Puerto Rico, sus sindicatos y la gente común, que salió espontáneamente a la calle, se unieron a las líneas de piquetes de la mayor batalla contra el neoliberalismo en la década de 1990, durante la huelga de 1998 en contra de la privatización de la compañía telefónica. Esta lucha culminó con una huelga general inspiradora que contó con el apoyo de más de 500,000 trabajadores de una fuerza de trabajo de un millón [2]. El nivel de represión policial en los piquetes fue tal que en el día Internacional de los Trabajadores, las personas en la huelga general tomaron la carretera que conduce al aeropuerto internacional de San Juan con bates y cadenas. Esta vez, la policía se vio obligada a retirarse.

Sin embargo, debido a una confluencia de factores, la huelga fue derrotada. Posteriormente, las administraciones sucesivas promulgaron leyes laborales cada vez más draconianas para debilitar las uniones y su solidaridad. Por otra parte, los sindicatos internacionales con sede en los EE.UU. se convirtieron en cómplices de este ataque, una práctica denominada por los sindicalistas de Puerto Rico como el sindicalismo colonial. Los efectos sobre el movimiento obrero fueron profundos, ya que hoy en PR el sindicalismo está fragmentado y su liderazgo es vacilante y tiene miedo de tomar medidas enérgicas.

No obstante, el alcance de los ataques actuales, la ira y la frustración de sus miembros, y la audacia contrastante del movimiento estudiantil de la UPR obligó al movimiento sindical a declarar una huelga general el pasado primero de mayo. La chispa inicial surgió de los estudiantes del recinto más grande en el sistema de la UPR, ubicado en el sector de Río Piedras en San Juan. El nuevo movimiento estudiantil ha crecido en número, sofisticación y legitimidad, y ha logrado mantener vínculos y coordinar acciones con los estudiantes de los otros 10 recintos en la Isla. Se trata de una nueva generación de estudiantes que son nuevos en la lucha, pues el último movimiento de huelga de los estudiantes de la UPR fue en 2010. Las lecciones de esa huelga, y de la de 2005, se han aprendido rápidamente por los estudiantes de hoy en día, sobre todo en la necesidad de una estrecha comunicación y coordinación con los estudiantes de todo el sistema de la UPR.

En esta medida, la mayoría de los otros recintos han permanecido cerrados desde que la huelga estudiantil actual se inició a principios de abril. La huelga tiene dinámica fluida, porque varios recintos han dejado temporalmente su paro, sólo para reanudarlo días más tarde. Los riesgos son tan altos, que incluso si el proceso de huelga general llegue a su fin este verano, será una cuestión de tiempo antes de que surja de nuevo con renovada ira y con la incorporación de sectores estudiantiles anteriormente pasivos. Cualquier evaluación coherente de las últimas consecuencias de los recortes propuestos tiene que llegar a las siguientes conclusiones: (1) de seis a ocho de los 11 recintos dejarán de existir, (2) los recintos que sobrevivan sufrirán la eliminación de departamentos y programas, (3) el número de estudiantes en el sistema UPR bajará drásticamente, más allá del desgaste causado por los aumentos de matrícula. Esto dará lugar a la pérdida generalizada de plazas de trabajo por parte del personal no docente, profesores adjuntos y hasta de profesores con permanencia.

Sin embargo, la extensión fulminante de los ataques ha obligado a otros sectores universitarios a movilizarse. El sindicato que representa al personal no docente, la Hermandad de Empleados No Docentes, ha aprobado un voto de huelga que tienen la intención de utilizar tácticamente. Pero es una señal de los tiempos que sectores significativos de la facultad han comenzado a organizarse más allá de sus asociaciones de larga duración que han estado trabajando durante años para lograr su reconocimiento como sindicato.

Por ejemplo, en el Recinto Universitario de Mayagüez, tradicionalmente conservador debido al gran peso de la Facultad de Ingeniería, un grupo de profesores formó el grupo PROTESTAmos (Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción), que se reunieron no sólo para apoyar a los estudiantes, sino para defender el sistema de la UPR en sí. PROTESTAmos tiene varios comités que abordan una variedad de problemas, tales como las condiciones de trabajo de los profesores sin plaza (ninguno de los cuales serán contratados para el semestre de otoño, debido a la congelación de contratos temporeros emitida por la administración en todo el sistema), la coordinación con los estudiantes, enlaces con la comunidad y los maestros de las escuelas públicas, estudiantes y padres, etc. Grupos de profesores/as similares surgieron en los recintos de Río Piedras y Cayey en el pasado mes de marzo.

Después de que se anunció la última ola de cierres de escuelas públicas, maestros, padres y estudiantes se movilizaron de inmediato. Otra huelga general se ha propuesto para el 11 de junio, el día de un plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico (vis-a-vis los EE.UU.), organizado por el gobernador Roselló. Roselló y su partido están obsesionados con convertir a Puerto Rico en el estado 51 de los EE.UU., sin embargo, el resto de los partidos y organizaciones políticas de la Isla han decidido boicotear el plebiscito.

La respuesta de la administración de Roselló a las protestas populares ha sido la de recurrir a la represión, el despliegue de la policía, la fuerza de choque, la promulgación de leyes represivas, mientras que contratan a un personal de mercadeo para enarbolar una campaña de propaganda para presentar a los estudiantes en huelga como matones y criminales. La policía ha utilizado gas pimienta indiscriminadamente, y el primero de mayo utilizó gases lacrimógenos a pesar de un decreto de consentimiento negociado por la Unión Americana de Libertades Civiles que prohíbe su uso. Algunos estudiantes se enfrentan a penas de prisión de la orden de años por el presunto delito de interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno.

Entonces, después de la huelga general del 1ro de mayo, el gobierno modificó el código penal para que sea un delito menor interrumpir una reunión en una institución de educación cuando la persona use una capucha o una máscara, interrumpa una reunión pública (gubernamental), cuelgue o pinte graffitis sobre propiedad pública, obstruya zonas turísticas, y/o interfiera con la construcción de los hoteles (proyectos en curso que intentan destruir los recursos naturales o privatizar el acceso público a las playas).

Las fuerzas represivas del gobierno federal de EE.UU., que tienen una larga historia de persecución de activistas pro-independencia, sindicales y socialistas, han estado vigilando e intimidando personas desde el año pasado. El otoño pasado, dos activistas que formaban parte de una coalición en protesta por la Junta, que había acampado frente a la Corte Federal en San Juan, fueron detenidos por agentes de Seguridad Nacional (Homeland Security). Ahora el FBI ha estado acosando a los estudiantes de la UPR en sus domicilios. Esto es sólo la punta del iceberg. Porque sabemos que durante décadas extensos expedientes de decenas de miles de activistas fueron generados por la Policía de Puerto Rico, en colaboración con el FBI. Expedientes que los tribunales de Puerto Rico declararon ilegales a finales de la década de 1980.

Aún con lo dramático que han sido los ataques del gobierno federal en nombre de Wall Street, y tan inspiradora como ha sido la resistencia de los estudiantes y otros sectores, esta es una lucha que se desarrollará a lo largo de años. Es en el proceso de lucha para defender nuestras escuelas, nuestro nivel de vida, nuestra tierra, esta vez en una batalla frontal contra el imperialismo norteamericano, que las masas puertorriqueñas conectarán nuestra lucha por la supervivencia diaria con la lucha para poner fin a nuestra dominación colonial. Esta será una contienda con muchos altibajos.

Se requerirá un pellejo grueso que pueda permitir mantener los ojos en el objetivo, mientras nos recuperamos de derrotas dolorosas o mientras se mantiene una perspectiva sobria después de victorias parciales. Haremos bien si tomamos como una fuente de inspiración a nuestros hermanos y hermanas palestinos, que después de décadas de victimización sangrienta y genocida, cada vez se levantan y reanudan su lucha.

* Héctor Reyes es un profesor retirado de química de City Colleges of Chicago, y el ex presidente de la Unión de la facultad en el Colegio Harold Washington. Ha sido un militante socialista durante 35 años, desde sus días como estudiante activista y líder de huelga en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Notas

[1] Esto también puede ser interpretado como una alusión cínica a las Juntas Militares que el gobierno de EE.UU. apoyó y financió en América Latina durante la segunda mitad del siglo 20.

[2] Para más detalles, véase mi artículo “Puerto Rican workers strike back” (“Trabajadores puertorriqueños contraatacan”), publicado en NACLA.

Traducción por Nelson Cardona Martínez y Marggie González Toledo

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